Por María Gloria Mena
Como sabemos, en cierta forma el enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, se inició a partir de las declaraciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el domingo pasado.
En esa ocasión, la primera mandataria acusó a los jueces (en general), de falta de celeridad en la resolución de los juicios, expresando además que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo ya les habían dado las herramientas necesarias.
A partir de esto, la ministra de la Corte Suprema, Carmen Argibay, rechazó los dichos de la presidenta, argumentando que al Poder Judicial le faltan jueces, infraestructura y dinero para pagar a los empleados.
Además, el ministro Aníbal Fernández, en declaraciones a distintos medios, expresó que a él nunca le plantearon formalmente la falta de fondos, al mismo tiempo que se dedicó a defender su gestión.
Y, como era de suponer, la respuesta de CFK no se hizo esperar, y volvió a embestir contra los jueces, manifestando que son los “únicos que pueden juzgar y encarcelar” a los delincuentes, desestimando que existiera una situación de falta de jueces. Reiteró además que “la Justicia cuenta con los elementos para que las personas que constituyen un peligro para la sociedad no sean liberadas".
Y así, la polémica se fue instalando a lo largo del día, al punto de acaparar la atención mediática.
Pudimos escuchar, desde las voces de sectores del oficialismo, concordantes con las afirmaciones de la Presidenta, hasta las de algunos magistrados, en funciones o no, desmintiendo o poniendo en duda los dichos presidenciales, mencionando incluso algún proyecto sobre esta materia que “duerme” en el Congreso de la Nación.
“SABER” Y “RECORDAR”.
Uno puede saber muchas cosas, pero también puede olvidarlas, hasta que alguien se las recuerde.
Es curioso. Hasta principios del año pasado, la legislatura nacional parecía somnolienta y pesaba sobre ella el apodo de “escribanía”. Y en cierta forma (y desde unos cuantos años atrás), ya nos habíamos acostumbrado a eso. Tuvo que venir el conflicto con el campo para que muchos argentinos recuperemos la memoria y nos acordemos de que nuestro sistema democrático implicaba a otro poder más: el Congreso de la Nación, con sus diputados y senadores, servidores públicos, llamados principalmente a defender los intereses de sus provincias en el seno del estado nacional.
Ahora, en el contexto de las controversias y cruces que implica la polémica de estos días, tal vez podamos encontrar la oportunidad de recordar también que existe un tercer poder: el judicial, que debe, puede y tiene la ocasión para levantar su voz y demostrar al pueblo que “impartir justicia” en Argentina no es una utopía, que es una posibilidad cierta en el contexto de la independencia de los poderes del Estado; que si necesita de más medios para ello, debe exigirlos sin que le tiemble el pulso.
Porque hay algo que, me parece, no se nos puede pasar.
Y es que el ciudadano, cada uno de nosotros, está cumpliendo un doble rol: por un lado, es “observador” del conflicto, en esta ocasión, entre dos poderes del Estado; pero por otro lado y al mismo tiempo, es “protagonista”, ya que las decisiones que se puedan tomar van a influir definitivamente sobre él.
¿QUÉ PENSAR?.
Nada. Todo. Lo mismo que piensa cualquier persona con sentido común: lo único que queremos como pueblo, es que pueda ser garantizada nuestra integridad física y el resto de nuestros derechos; que los delincuentes estén en las cárceles; y que si es necesario asignar a la justicia más recursos que se los asignen.
En esta materia, de seguro que lo que “no queremos” es seguir viviendo más con la inseguridad de cada día. No queremos números, estadísticas o proyecciones. No queremos enterarnos por los medios, dos o tres veces por día, que otra desgracia ha ocurrido. No queremos que el que delinquió la semana pasada, vuelva a hacerlo esta semana.... Simplemente queremos resultados; queremos jueces sin presiones ni ideologías; queremos que tengan todos lo recursos y también toda la responsabilidad; porque del actuar de la justicia dependerá la suerte de nuestra tranquilidad cotidiana y la de nuestros hijos, a la larga o a la corta.
Como sabemos, en cierta forma el enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, se inició a partir de las declaraciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el domingo pasado.
En esa ocasión, la primera mandataria acusó a los jueces (en general), de falta de celeridad en la resolución de los juicios, expresando además que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo ya les habían dado las herramientas necesarias.
A partir de esto, la ministra de la Corte Suprema, Carmen Argibay, rechazó los dichos de la presidenta, argumentando que al Poder Judicial le faltan jueces, infraestructura y dinero para pagar a los empleados.
Además, el ministro Aníbal Fernández, en declaraciones a distintos medios, expresó que a él nunca le plantearon formalmente la falta de fondos, al mismo tiempo que se dedicó a defender su gestión.
Y, como era de suponer, la respuesta de CFK no se hizo esperar, y volvió a embestir contra los jueces, manifestando que son los “únicos que pueden juzgar y encarcelar” a los delincuentes, desestimando que existiera una situación de falta de jueces. Reiteró además que “la Justicia cuenta con los elementos para que las personas que constituyen un peligro para la sociedad no sean liberadas".
Y así, la polémica se fue instalando a lo largo del día, al punto de acaparar la atención mediática.
Pudimos escuchar, desde las voces de sectores del oficialismo, concordantes con las afirmaciones de la Presidenta, hasta las de algunos magistrados, en funciones o no, desmintiendo o poniendo en duda los dichos presidenciales, mencionando incluso algún proyecto sobre esta materia que “duerme” en el Congreso de la Nación.
“SABER” Y “RECORDAR”.
Uno puede saber muchas cosas, pero también puede olvidarlas, hasta que alguien se las recuerde.
Es curioso. Hasta principios del año pasado, la legislatura nacional parecía somnolienta y pesaba sobre ella el apodo de “escribanía”. Y en cierta forma (y desde unos cuantos años atrás), ya nos habíamos acostumbrado a eso. Tuvo que venir el conflicto con el campo para que muchos argentinos recuperemos la memoria y nos acordemos de que nuestro sistema democrático implicaba a otro poder más: el Congreso de la Nación, con sus diputados y senadores, servidores públicos, llamados principalmente a defender los intereses de sus provincias en el seno del estado nacional.
Ahora, en el contexto de las controversias y cruces que implica la polémica de estos días, tal vez podamos encontrar la oportunidad de recordar también que existe un tercer poder: el judicial, que debe, puede y tiene la ocasión para levantar su voz y demostrar al pueblo que “impartir justicia” en Argentina no es una utopía, que es una posibilidad cierta en el contexto de la independencia de los poderes del Estado; que si necesita de más medios para ello, debe exigirlos sin que le tiemble el pulso.
Porque hay algo que, me parece, no se nos puede pasar.
Y es que el ciudadano, cada uno de nosotros, está cumpliendo un doble rol: por un lado, es “observador” del conflicto, en esta ocasión, entre dos poderes del Estado; pero por otro lado y al mismo tiempo, es “protagonista”, ya que las decisiones que se puedan tomar van a influir definitivamente sobre él.
¿QUÉ PENSAR?.
Nada. Todo. Lo mismo que piensa cualquier persona con sentido común: lo único que queremos como pueblo, es que pueda ser garantizada nuestra integridad física y el resto de nuestros derechos; que los delincuentes estén en las cárceles; y que si es necesario asignar a la justicia más recursos que se los asignen.
En esta materia, de seguro que lo que “no queremos” es seguir viviendo más con la inseguridad de cada día. No queremos números, estadísticas o proyecciones. No queremos enterarnos por los medios, dos o tres veces por día, que otra desgracia ha ocurrido. No queremos que el que delinquió la semana pasada, vuelva a hacerlo esta semana.... Simplemente queremos resultados; queremos jueces sin presiones ni ideologías; queremos que tengan todos lo recursos y también toda la responsabilidad; porque del actuar de la justicia dependerá la suerte de nuestra tranquilidad cotidiana y la de nuestros hijos, a la larga o a la corta.